Tiempos críticos para la Cooperación al Desarrollo

El Norte de Castilla, 26 de abril de 2012

Comienzo a escribir estas líneas motivado por el recuerdo de personas amigas que han dedicado lo mejor de sus vidas al empeño de mejorar la situación de los pueblos empobrecidos de la Tierra. Me vienen a la memoria el nombre de Catalina Montes, cuyo legado en El Salvador nunca será suficientemente valorado; el de Nicolás Castellanos, que en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) ha dejado una huella que rebasa lo inimaginable; el de Borja Santos, colaborador de este diario, y que, antes en Ecuador y ahora en Etiopía, no ha hecho sino contribuir a la mejora de las condiciones de vida de personas que viven en circunstancias imposibles; y me acuerdo, en fin, de mis compañeros de la Fundación para el Desarrollo del Municipio Centroamericano, en San José (Costa Rica), estudiosos infatigables de los problemas a que se enfrenta el municipio en Estados sumidos en la disgregación y la impotencia. Mundo difícil este de la ayuda al desarrollo, abierto al sinfín de dificultades y contradicciones a que conducen la desigualdad, la pobreza, la miseria, el hambre, la corrupción y la explotación del ser humano. Mundo henchido de problemas. Nuestro mundo, sin embargo.

Optimista y prometedor, impregnado por un discurso que enfatizaba sobre el “fin de la Historia” y sobre “el fin de los territorios”, al entender que ya no habría fricciones determinadas por el tiempo y el espacio, el siglo XXI abrió sus calendarios con un llamamiento a la esperanza, que se prometía venturosa.  Representantes de 189 países, entre ellos 147 jefes de Estado – todo el planeta, en fin – la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la archiconocida como Declaración de los Objetivos del Milenio. Integraba ocho grandes propósitos, concebidos con el fin de afrontar sin más dilación los principales problemas que aquejaban a la humanidad (salud, alimentación, enseñanza, situación de la mujer, etc.), asumidos como un gran compromiso mundial, como una vigorosa demostración de solidaridad en la que debieran verse implicados cuantos pudieran ayudar en esa dirección, conscientes además de que, en el escenario de confianza propiciado por la globalización, no parecía aventurado marcar el horizonte de 2015 como el momento en el que los retos existentes estuvieran definitivamente afrontados e incluso corregidos.

A la vista de lo sucedido, todo parece indicar que los primeros diez años del siglo XXI han sido en el tema que nos ocupa, como en otros muchos, una década frustrada. Los avances experimentados no cuestionan la magnitud creciente de los problemas irresueltos, que se perpetúan  a través de manifestaciones elocuentes de que hasta qué punto el desarrollo constituye una meta inalcanzable para una gran mayoría de los seres humanos. Sin duda en todo este tiempo el mundo se ha hecho más complejo, a medida que la mundialización de la economía ha traído consigo una modificación significativa en la estructuración espacial de los modelos de crecimiento, a medida que el fortalecimiento de países en otro tiempo considerados “periféricos” (China y Brasil, fundamentalmente) contribuye a redefinir los límites que marcan la concentración de la riqueza, acelerada por la extraordinaria intensidad de los movimientos financieros de carácter especulativo, en un proceso simultáneo a la acentuación y agravamiento de las desigualdades. Dicho de otro modo, si la globalización  ha modificado  las fronteras, antaño estrictas, del desarrollo es evidente que al tiempo agudiza la dimensión de los contrastes en el seno de las sociedades y resalta aún más la entidad espacial y demográfica de la pobreza,  generalizada en todo tipo de escenarios.

En este contexto, el panorama de la solidaridad internacional se enfrenta a una situación crítica, en la que confluyen dos factores, casi coincidentes en el tiempo. De un lado, se asiste a una corriente revisionista que pone en entredicho la utilidad, al considerarla inefectiva, de la ayuda oficial al desarrollo o, más matizadamente, cuestiona los procedimientos utilizados en la gestión y evaluación de determinados proyectos. Y, de otro, no hay que ignorar el incuestionable impacto que de inmediato ha de tener la drástica disminución aplicada a los fondos solidarios. Mientras observamos cómo se aleja, en los países que pretendían aproximarse a él, el objetivo de situar en el 0’7% del PIB el volumen de las ayudas orientadas a este fin,  los ajustes provocados por la crisis financiera en el mundo desarrollado hacen mella profunda en uno de los capítulos que se consideran más prescindibles del presupuesto. Pocos han levantado la voz contra el fortísimo recorte sufrido en España por las transferencias a la AECID y por las cantidades asignadas al Fondo para la Promoción del  Desarrollo, víctimas de la impresionante reducción aplicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que, con un 54,4% menos, se singulariza por el hecho de ser el más afectado por el desmoche presupuestario.

Todo parece indicar que estamos asistiendo a una nueva etapa en la trayectoria de la solidaridad internacional, que pocos creen que pueda limitarse a un mero paréntesis, a expensas de una recuperación que aún no se atisba en el horizonte. De ahí que prevalezca esa visión restrictiva que, inducida por los mayores controles aplicados a la selección y gestión de los proyectos y sobre todo por la retracción que la crisis ocasiona, aboca a un escenario en el que, por paradójico que parezca, la globalización de la economía que, a comienzos de siglo, presagiaba un clima de confianza a favor de una mayor justicia en la distribución de la riqueza se ha saldado, a la postre, con el afianzamiento de las posiciones defensoras del “sálvese quien pueda”. Entonces ¿quién hablará ya de los Objetivos del Milenio? 

La Unión Europea: de la seguridad a la incertidumbre

El Norte de Castilla, 9 de marzo de 2012

Cuando a finales de 2007 se firmó en Lisboa el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no era fácil encontrar en el ambiente mediático y político de la época declaraciones que empañaran lo que se concebía como la culminación de un ambicioso proyecto. Abundaban los comentarios a favor de lo que el acuerdo suponía como empeño conseguido en la consolidación de un sistema institucional adaptado a los nuevos tiempos, sensible a las exigencias de un entorno cambiante bajo las premisas ineludibles de la globalización y, sobre todo, destinado a “reforzar la democracia en la Unión Europea y mejorar su capacidad de defender día a día los intereses de los ciudadanos”. Más allá de la grandilocuencia de las palabras que habitualmente acompañan a este tipo de eventos, lo cierto es que, visto con la perspectiva actual, no deja de llamar la atención el ambiente de complacencia dominante en ese momento cuando ya se atisbaban en el horizonte los nubarrones de la crisis financiera, que pronto llevaría a relegar en el fondo de la memoria las satisfacciones momentáneas provocadas por la firma de aquel acuerdo, del que hoy ya casi nadie habla.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces, y lo han hecho al compás de las constataciones que han puesto en evidencia la fragilidad del modelo para hacer frente a la crisis financiera que se ceba en la eurozona con niveles de gravedad insólitos y, lo que es más grave, con la sensación de situarnos en una especie de callejón sin salida, que amenaza con poner en entredicho la supervivencia del proyecto comunitario o, cuando menos, el nivel de aceptación y reconocimiento que hasta ahora ha merecido por un sector mayoritario de la ciudadanía. Lo más preocupante, a mi juicio, es la incredulidad que provoca la percepción desasosegada de las numerosas incertidumbres que ennegrecen el futuro.

No es posible sentirse reconfortado cuando se intenta prever por dónde han de transcurrir en este contexto las políticas estructurales que han marcado la trayectoria de la Unión particularmente desde mediados de los ochenta, cuando tuvo lugar el gran avance a favor de la integración y la convergencia entre regiones y territorios, lo que hizo del espacio europeo una referencia única en el mundo, difícil de emular pero de gran atractivo como proyecto integrador supraestatal. Sin embargo, aproximarse siquiera al escenario de posibilidades que hace apenas tres años se percibían con tintes de seguridad y que, merced a ellas, habían logrado aglutinar voluntades, programas y expectativas, lleva a incurrir no tanto en el pesimismo, que conduce a bien poco, como en la impresión de que en estos momentos ninguno de los órganos que estructuran y dan contenido a la toma de decisiones en el ámbito comunitario europeo tiene claro, de seguir así las cosas, el horizonte que nos espera ni goza de la credibilidad necesaria para inspirar la debida confianza.

En este panorama cabe plantearse críticamente la idoneidad de la estrategia adoptada para afrontar la crisis, una vez comprobado que el procedimiento seguido mediante la disciplina impuesta por la responsable del gobierno alemán, secundada con convicción variable por el presidente francés, corre el riesgo, como se ha señalado en muchos foros internacionales, de arrumbar con el proceso de construcción europea. La reiteración periódica de las advertencias, sumisamente atendidas por los gobernantes periféricos y promulgadas como soluciones taumatúrgicas, no proporciona los resultados perseguidos, obligando a reformularlas de nuevo tras haber quedado las anteriores desmentidas por los testimonios de una realidad incontrolada. Todo parece resolverse en una especie de cadena sin fin que al tiempo que nos hunde en una permanente zozobra lleva necesariamente a plantearse si la Unión Europea será capaz de resolver sus problemas económicos mientras queda afectada por una tendencia declinante del crecimiento, con manifestaciones cada vez más generalizadas de recesión, determinante de un atroz sacrificio social que corre el riesgo, si no ha incurrido ya en él, de anular a la generación que cronológicamente ha coincidido con ella.

Si los argumentos son redundantes a la hora de comprobar, con el suficiente conocimiento de causa, el altísimo coste a que conduce en todos los sentidos el modo de gestión de la crisis, en virtud de las numerosas incertidumbres creadas, de la indefensión ante los movimientos especulativos y del riesgo de desestructuración del espacio único, parece obvia la necesidad de someter a reflexión la consistencia del proyecto acometido así como la capacidad de los instrumentos disponibles para poner fin al modelo de gestión unidireccionalmente impuesto hasta ahora, impulsar un verdadero gobierno económico, regular eficazmente los mercados financieros europeos e internacionales, neutralizar la dictadura de las agencias de calificación y asegurar que la recuperación sea viable a un plazo que permita recuperar las confianzas deterioradas.

¿Cómo entender la lógica de funcionamiento del Banco Central Europeo, incapaz de subvenir a las necesidades de los Estados miembros para controlar la dinámica especulativa que condiciona permanentemente su capacidad de reacción? ¿Porqué no plantearse, como ha hecho Japón, la renacionalización de los créditos y aprovechar la ocasión para crear en los Estados una banca pública al servicio de los intereses generales? Y, por supuesto, ¿no parece ya llegado el momento de hacer uso de la tasa sobre las transacciones financieras, que haría posible, amén de contribuir a la solidaridad internacional, reducir los déficits y ayudar a la financiación de la deuda, para que esta deje de ser ese dogal asfixiante que impide impulsar la creación de riqueza y salir de esa depauperación del mercado laboral en que irremisiblemente los gestores de la crisis han relegado a un sector creciente de la sociedad?

A poniente, Portugal

El Norte de Castilla, 22 de junio de 2011

Nada de cuanto sucede en Portugal nos puede ser indiferente. Compartir un territorio con tantos elementos comunes, y ser copartícipes a la vez de una historia repleta de confluencias y desencuentros, obliga a no perder la visión conjunta del espacio ibérico cuando los sucesos que afectan al país vecino encierran advertencias que en muchos casos se sienten cercanas. Y es que más allá de la proximidad, es obvio que los acontecimientos contemporáneos, superadores de la incomunicación existente durante las dictaduras, han ido construyendo un entramado muy sólido de imbricaciones que, si encuentran sus factores esenciales de vertebración en el acceso a la democracia y en la incorporación simultánea a la Unión Europea, se corresponden en nuestros días con las zozobras provocadas por la crisis financiera que ha colocado a ambas naciones en el escenario más preocupante de la Europa integrada.

La situación creada tras la operación de rescate acometida sobre la economía portuguesa en mayo del 2011 y el cambio político que ha tenido lugar en el gobierno a raíz de las últimas elecciones generales han descubierto una serie de tensiones que necesariamente remiten a los problemas estructurales de la economía y de la sociedad de Portugal, y que necesariamente conviene comentar tanto por la importancia que en sí mismos tienen como en función de las implicaciones que pudieran ocasionar de cara a los vínculos construidos con España. Y ello sin perder la perspectiva desde las regiones que, a uno y otro lado de la frontera, reflejan el esfuerzo emprendido a favor de un entendimiento que puede verse condicionado por las circunstancias planteadas en un panorama muy crítico, que se creía expedito o no era considerado con los niveles de gravedad que, finalmente, han quedado en evidencia.

De ahí que cuando se analizan los problemas que aquejan a la economía y a la sociedad portuguesas surja inevitablemente la cuestión acerca de la posibilidad de que su dimensión no haya sido percibida como se debiera, acaso amortiguada por la posición cómoda de la que el país disfrutaba como uno de los grandes beneficiarios de los fondos europeos, tanto los Estructurales como los de Cohesión. En cierto modo esta circunstancia ha enmascarado la magnitud de las contradicciones internas en un contexto en el que se superponían los efectos de la ayuda europea coincidiendo con una fase expansiva del mercado interior, que a su vez actuó de estímulo para la llegada a Portugal de cuantiosas inversiones por parte de empresas españolas, esencialmente vinculadas a la energía, la construcción y los servicios financieros. Cabe decir que el mismo argumento, es decir, el mantenimiento de una visión elusiva de los problemas reales y de sus presumibles riesgos hacia el futuro, puede ser esgrimido para España, Irlanda y Grecia, expresivamente los tres Estados que, junto al portugués, se han revelado al tiempo más beneficiados por las ayudas y más vulnerables ante los efectos de la crisis.

Sorprende, empero, que esta falta de capacidad correctora de las deficiencias existentes, y al margen de la modernización de las infraestructuras auspiciada por los fondos europeos, no se haya percibido en Portugal con la diligencia política que debiera. Y es que basta conocer los datos y tomar contacto con las reflexiones planteadas desde los foros más rigurosos para percatarse de la idea de que, desde hace muchos años, la sensación de crisis está omnipresente y muy enraizada en la vida portuguesa. Con el horizonte de que se dispone, puede afirmarse que en buena medida esta situación obedece al hecho de que, tras la dictadura salazarista, nunca se llevó a cabo una modificación real de las estructuras económicas y sociales heredadas, los sistemas de producción permanecieron en su mayor parte ajenos a los procesos innovadores que imponía la competencia a largo plazo, en tanto que la administración pública adolecía de severos síntomas de ineficiencia, mientras se ha mantenido incólume una política tributaria claramente regresiva y persistido las desigualdades sociales en umbrales mucho más acusados que en el resto de la Unión Europea en su configuración previa a la ampliación al Este.

Condicionada por estos factores, la crisis ha hecho profunda mella en Portugal hasta el punto de que no escasean las voces que cuestionan la pertenencia al ámbito de la moneda única, a la que atribuyen, junto a la liberalización del comercio mundial, la crisis de un modelo económico tradicionalmente basado en la baja productividad y en los reducidos salarios, y que ha sobrevivido hasta que las deficiencias estructurales y funcionales en que se ha desenvuelto han manifestado su inviabilidad. A la crisis económica se ha unido la crisis social, que además del aumento de la desigualdad y del desempleo – menos elevado, sin embargo, que en España – se traduce en las manifestaciones callejeras y en la reanimación de los flujos emigratorios que vuelven a fluir con intensidad hacia Europa y, llamativamente, hacia Angola, la excolonia convertida en tierra de promisión para muchos trabajadores, incluso de media y alta cualificación.

Veinticinco años después de su incorporación al espacio comunitario europeo, Portugal aparece sumido en un intenso proceso de ajuste derivado de la intervención llevada a cabo sobre su economía. Un proceso que posiblemente mediatice sus perspectivas de cooperación con España y sus regiones transfronterizas, tampoco exentas de incertidumbres. Limitado el margen de maniobra y de expectativas alentadoras de que se creía disponer, es evidente que las obligaciones impuestas por los mecanismos prevalentes en la economía europea van a suponer un horizonte que particularmente considero no halagüeño a tenor de los discursos y prácticas restrictivos en un entorno que hasta hace no mucho creíamos tan confortable.

La desafección de la política: riesgos y desafíos

El Norte de Castilla, 27 de abril de 2011

No es frecuente escuchar en los discursos políticos a los que estamos acostumbrados reflexiones como las efectuadas por el Presidente de la Junta de Castilla y León en la ceremonia de entrega de los Premios 2010, a propósito de la desafección mostrada por los ciudadanos respecto de quienes desempeñan responsabilidades en el ámbito de la política. Resulta alarmante comprobar cómo las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas reiteran insistentemente la consideración peyorativa con la que los ciudadanos contemplan la labor de los políticos, situándola en los primeros niveles de preocupación y malestar. Lejos de remitir, esta tendencia parece arraigada hasta el punto de que sus planteamientos más críticos han acabado por generalizarse sin apenas establecer distingos entre quienes asumen responsabilidades públicas con sincera voluntad de servicio a la sociedad y quienes, en cambio, entienden su vinculación al espacio público como una prolongación de sus propios intereses, ajenos a la obligada línea de separación que ha de imponerse entre lo público y lo privado.

Y es que, cuando ambas esferas se confunden hasta el extremo de que lo segundo prevalece sobre lo primero, el efecto es muy perjudicial para la calidad y fortaleza de la democracia, que se dice defender. Da lugar a la aparición de esa especie de círculo vicioso del que a menudo se habla para significar la erosión que a la democracia provoca una creciente actitud de desconfianza cívica, progresivamente manifestada en un alejamiento del debate político que acaba convirtiendo los procesos electorales en la expresión resignada de una responsabilidad rutinaria, asumida como algo inercial que redunda en el aumento de la abstención y, en cualquier caso, en el reconocimiento escéptico de que muy poco o nada se puede hacer para afrontar la magnitud de los problemas.

Y sorprende que eso ocurra cuando el distanciamiento de la política convencional encuentra un contrapunto cada vez más marcado en el auge de los movimientos que orientan la sensibilidad de mucha gente hacia formas asociativas diversas con las que encauzar las inquietudes que sólo pueden tener sentido en el contexto de las diversas modalidades de participación, cooperación y solidaridad que, surgidas como expresión de un deseo de pertenencia a proyectos de significación común, acaban siendo asumidos como opciones alternativas a las formas tradicionales de intervención en la vida pública. Cabría preguntarse hasta qué punto el fenómeno de las redes sociales, construidas al amparo de esa poderosísima herramienta de comunicación e información en que se ha convertido Internet, añade otra dimensión más en tal dirección. Sus posibilidades están en la base de significativas movilizaciones en los últimos tiempos y, en cualquier caso, representan otra contribución más al inmenso caudal de posiciones compartidas con voluntad crítica y al tiempo concurrentes en pro de ese llamamiento a la “indignación” colectiva, invocado por la exitosa obra de Stéphane Hassel.

Analizado con la perspectiva necesaria, todo parece indicar que en el panorama de la reflexión social impulsada desde estos foros emergen con especial vigor las corrientes que preconizan la consecución de un objetivo primordial que, centrado en la pretensión de mantener una actitud vigilante respecto a las decisiones del poder institucional, orienta sus capacidades potenciales hacia la manifestación explícita de sus planteamientos a través de sus propios foros y hacia la implicación efectiva en actuaciones que operan como banderas de enganche de posturas individuales. De cómo se efectúe el engarce entre uno y otro nivel depende la calidad del modelo de relaciones que estructura el funcionamiento de una sociedad moderna, en la que, partiendo de la legitimidad que corresponde a los instrumentos basados en las normas electorales constitucionalmente establecidas, el concepto de participación ciudadana ocupa una posición muy destacada en el debate sobre el modo de entender y ejecutar las políticas públicas, identificado además como uno de los pilares en los que se fundamentan los enfoques aplicados al buen gobierno del territorio.

Sin embargo, ante las situaciones de fractura que derivan en la pérdida de confianza mutua y, por tanto, en el descrédito de la política institucional, surgen inevitablemente dos preguntas esenciales: ¿cómo recuperar la confianza perdida? ¿de qué manera dignificar lo que la política representa como expresión de la voluntad popular y como tarea al servicio de los intereses de una sociedad compleja, necesitada de referencias a las que acogerse como garantía de su propia seguridad? En aras de la precisión podríamos sintetizar las respuestas en una que las engloba todas. Tiene que ver con la defensa inequívoca de los principios éticos inherentes a la defensa del concepto de la política como servicio público. Invocarlos de cuando en cuando suena bien pero sabe a poco si se reduce a una proclama circunstancial y su cumplimiento no se percibe como el reflejo de una decisión firme, aplicada con energía cuando se detectan comportamientos y acciones que los vulneran sin que se haga nada para atajarlos de raíz. No bastan los códigos éticos elaborados de cara a la galería. La política es algo demasiado serio para limitar el respeto que merece al mero juego de las buenas intenciones. Y es que el ciudadano, demasiado escarmentado ya, sólo percibe que el ejercicio de la política cobra la dignidad deseada cuando los que la ejercen logran transmitir una visión ejemplarizante de los valores que distinguen a la democracia en su acepción más íntegra.

De Brandenburgo a Tahrir

El Norte de Castilla, 24 de febrero de 2011

Los espacios públicos siempre han desempeñado un papel esencial en las transformaciones políticas. Son los ámbitos de la movilización ciudadana, los lugares donde el encuentro motivado induce a la complicidad en defensa de objetivos e ideales que de otra manera no podrían expresarse. La ausencia de derechos fundamentales conduce a la plaza, que se muestra así como una gran caja de resonancia que eleva el clamor, mucho más allá de sus límites, de cuantos en ella se concentran, revelando al mundo el alcance de las sensibilidades concitadas en defensa de la libertad. En estos tiempos de difusión instantánea de la noticia, la repercusión es inmensa y hasta pudiera decirse que incontrolable.

En veinte años el mundo ha vivido dos momentos históricos de especial trascendencia. Dos momentos decisivos para entender la evolución de la geopolítica mundial. Cuando a finales de los ochenta la Plaza de Brandenburgo escenificó la hecatombe del modelo arropado tras el muro de Berlín, llamó la atención que los responsables de custodiarlo observasen su demolición sin oponerse a ella. Marcó el fin de la guerra fría, modificó por completo el panorama político de la Europa oriental y, lo que es más importante, demostró que basta la movilización masiva de la sociedad para darse cuenta del momento en que los procesos llegan a su término para abrirse a nuevas expectativas que, en cualquier caso, evidencian que la Historia nunca finaliza.

Si se afirma que lo sucedido en Alemania supuso la culminación del siglo XX, ¿cuál sería la referencia histórica que nos lleva a precisar con claridad el comienzo del que le sigue? Ciertamente son numerosas, pero, en esencia, tienen un denominador común: todas apuntan, bien sea por su contundencia, su gravedad o su espectacularidad, hacia Oriente. Sucesos trágicos, como los atentados terroristas que conmocionaron Nueva York, Madrid o Londres o lo que ha significado la invasión de Irak o la guerra de Afganistán coinciden en el tiempo, y apuntando en la misma dirección, con otros ligados a los efectos más sorprendentes de la economía globalizada, espacialmente identificados con la posición de China en el mundo o el propio fortalecimiento económico del área del Pacífico. En cierto modo, todos ellos contribuyen a crear un escenario diferente del que ha caracterizado la historia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que tan bien analiza, referida a la experiencia europea, la impresionante monografía sobre la postguerra escrita por Tony Judt.

Y, sobre todo, establecen la solución de continuidad que nos lleva a recordar lo ocurrido en el corazón de Berlín hace dos décadas cuando observamos, con la inevitable expectación que merecen, los acontecimientos que están conmocionando los cimientos del mundo árabe, y cuya repercusión no nos puede ser indiferente. Si cabe entenderlos en el contexto que explica la dimensión alcanzada por los centros neurálgicos de la geopolítica y de la economía mundiales, sorprenden, sin embargo, los rasgos puestos en evidencia por un proceso que en buena medida se ha mostrado imprevisible o, cuando menos, no valorado suficientemente en los factores que lo fundamentan y encauzan su recorrido. Pues si el estallido popular que ha llevado al exilio al presidente tunecino no entraba en las cábalas de ninguna cancillería occidental para acabar demostrando de pronto el inmenso pozo de corrupción en que se hallaba sumido un país del que nadie hablaba salvo como destino turístico, lo cierto es que ha marcado el punto de partida de una tendencia cuyos resultados son estos momentos inimaginables.

Su magnitud y significación han quedado, sin embargo, patentes en la experiencia de Egipto, cuyo alcance rebasa con creces los límites del país fecundado por el Nilo. En la plaza de Tahrir, inmensa ante la perspectiva que se contempla desde el edificio inconfundible del Museo de Arte Egipcio, ha tenido lugar uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI, lo que le convierte en una referencia fundamental para comprender el rumbo de la nueva centuria. El impacto provocado por la revuelta tunecina ha hecho mella en la sociedad egipcia, que ha salido a la calle y ha persistido en ella hasta conseguir la caída del dictador, simplemente con los argumentos y las actitudes que acaban siempre, tarde o temprano, con los regímenes despóticos y corruptos como ha sido durante décadas el regido por Hosni Mubarak.

Han sido argumentos insistentes en la reclamación de libertad y de derechos que comienzan a aflorar en unas sociedades, las árabes, que no conocieron la Ilustración ni tuvieron las experiencias que en Europa, con sus luces y sus sombras, desembocaron en modelos de convivencia sensibles al reconocimiento de la dignidad humana. Nada de eso ocurrió en el mundo árabe-musulmán, sujeto a colonialismos de toda laya y a la aceptación de soberanías que, desde la perspectiva occidental, toleraban toda suerte de desmanes por parte de una clase dirigente que ha gobernado a espaldas de su pueblo. Al final, su derrumbe se ha hecho con la pasividad de sus garantes ancestrales. Los poderosos de la Tierra los han dejado caer, no se sabe si a regañadientes, pero sin duda no han podido reaccionar de otra manera, atentos a la movilización popular y a la inhibición consciente del Ejército, que ha dejado hacer o, como en Egipto, se ha limitado a actuar como fuerza organizadora de la transición, con imágenes que no se alejan mucho de las que hace tiempo vimos en el Portugal “resusscitado”.

Numerosas incógnitas emergen en el horizonte, presagiando una etapa tan interesante como difícil de discernir en su trayectoria. Las bases en las que se apoya el cambio parecen sólidas y nada tienen que ver con los fanatismos islamistas tan temidos. Son movimientos de libertad, de reclamación de justicia social, de rechazo al poder corrupto y antidemocrático. Se dice que las redes sociales y la información sin fronteras ha contribuido mucho a la contestación surgida. Es posible, pero de lo que no cabe duda es de que algo se larvaba en ese mundo tan desconocido como incorrectamente interpretado en su pluralidad y en las motivaciones que animan a sus pueblos a salir a la calle para, al fin, ser también libres.

El Oxímoron Perfecto

El Norte de Castilla, 29 de enero de 2011

El Diario Montañés, 7 de febrero de 2011

Las tensiones financieras en España han comenzado a suavizarse desde que pisó suelo ibérico el viceprimer ministro de la República Popular China el pasado 5 de enero. Como el auténtico “rey mago” fue recibido en Madrid. Bastantes quebraderos de cabeza ha superado Mr. Obama a raíz del abrazo que le dio Hu Jintao, Secretario General del PCCh y Presidente de la República, en los salones de la Casa Blanca. Ni aquí ni allá se le mencionó el incómodo nombre de Liu Xiaobo, el profesor de literatura a quien no se permitió desplazarse a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz 2010. Entre tanto, no parece baladí la noticia de que Telefónica, la principal empresa española, tendrá en su Consejo de Administración a un representante del gobierno de la república asiática, mientras los rumores coinciden en aventurar que la privatización, tras la nacionalización temporal, de las Cajas de Ahorros españolas va a ser pieza codiciada por los tiburones financieros que, desde Sanghai o Hong Kong, muestran su interés por tan apetitoso bocado, una vez que, desprovistas definitivamente de su obra social y reflotadas con varios miles de millones de euros del Fondo creado al efecto, pasen a formar parte del entramado financiero que tan poco hace por la solidaridad en el mundo y en los países donde opera.

El paraguas chino aparece por doquier, como una especie de eficaz y potente ungüento taumatúrgico, que despeja horizontes sombríos y alivia de pesadillas, imposibles de resolver de otra manera. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué ocurre para tener la sensación de que los manuales de Historia, de Geografía, de Economía, se nos han quedado obsoletos? ¿Hacia dónde vamos, sumidos en un panorama que nos lleva a observar cada vez con mayor claridad que las convicciones y las certezas de siempre han quedado definitivamente arrumbadas?

No hay matices que valgan. Estamos asistiendo al Oxímoron Perfecto. Es como la “tormenta perfecta”, pero en el ámbito de la economía, de la política, del pensamiento y de la sociedad. Todos sabemos qué quiere decir la palabra oxymoron. Es el término más rotundo para expresar lo que significa una contradicción absoluta, una “contradictio in terminis”, que dirían los latinos, o, mejor aún, y para entendernos, el engarce de dos conceptos opuestos en una sola expresión.

Así es. Un país gobernado por el Partido Comunista de la República Popular asume y desempeña un protagonismo esencial en el apuntalamiento del capitalismo puro y duro. Dicho de otra forma, el modelo chino conduce al “Capitalismo Comunista” o al “Comunismo Capitalista”, que para el caso es lo mismo. ¿Son correctas ambas acepciones? Poco importa, la verdad. Bajo un régimen donde las libertades no existen, donde la explotación del trabajo constituye la pauta dominante en materia social, donde las estructuras de representación reivindicativa están prohibidas, donde la competitividad a ultranza, fundamento de su proyección comercial en el mundo, se basa en el escaso peso de los costes salariales, donde no existe escrúpulo alguno para el espionaje industrial, donde la estrategia financiera consiste en la defensa de prácticas especulativas sin control, donde la presencia internacional está concebida, como sucede en África, al servicio de la explotación de los recursos naturales y del control masivo de las mejores tierras sin el mínimo escrúpulo medioambiental…. bien poco tiene de los principios que antaño preconizaban los defensores de las doctrinas de Marx y Lenin en pro de los “parias de la tierra”, de su “famélica legión”. Que nadie espere, en efecto, oír la voz de ese país cuando afloran los problemas y tragedias de nuestro mundo (el hambre, la pobreza, Palestina, el Sahara Occidental, Darfur…). Prima el pragmatismo a toda costa, la defensa irreversible e insolidaria de las posiciones adquiridas, como bien ha señalado Henning Mankell que observa, atónito, desde Mozambique lo que los chinos están haciendo en África.

Cuando Hong-Kong se integró en la China popular, se habló de “dos modelos, un Estado”. Ya no hay dos modelos, sino uno solo: el capitalismo sin paliativos ni matices, mientras en el frontispicio de la Ciudad Prohibida el Gran Timonel observa el transcurso de los días en una de las ciudades más contaminadas del mundo. La dicotomía histórica que marcó la historia del siglo XX desde la Revolución de Octubre ha definitivamente desaparecido. Pero lo importante del proceso es que los comportamientos económicos y sociales esgrimidos por China se están mostrando, a la postre, como los más beneficiosos para el capitalismo global, que funciona sin rubores mientras permanece ajeno a las contrapartidas que históricamente ha conllevado el Estado de Bienestar en contextos democráticos y de libertades (de prensa, de pensamiento, de asociación, de representación) reconocidas.

Un nuevo epígrafe se abre, en fin, en los enfoques interpretativos del mundo en que vivimos. ¿Cómo tipificarlo? Sin duda es una categoría diferente pero muy poderosa y que nos está llevando al silencio frente al “amigo chino”, pues tiempo ha que dejó de tener tanta importancia el “amigo americano”. En esta categoría, la República fundada por Mao Zedong no está sola. Bajo el mismo rótulo hete aquí a la República Popular de Vietnam, que sigue por los mismos derroteros. ¿Ocupará Cuba otro puesto en ese espacio? Por ahí se encaminan las reformas que ha iniciado Raul Castro y que, de seguir adelante, ofrecerán en un par de años un panorama muy diferente al que hasta ahora ha tenido “la isla más hermosa” que se enorgullecía de tener la mejor asistencia sanitaria y educativa de América Latina y que, víctima de sus propias contradicciones, mira hoy a Sanghai y Hanoi como las referencias dignas de ser emuladas. Los contactos entre Cuba y Vietnam, que recoge de vez en cuando la prensa internacional, apuntan en ese sentido.

Los espacios fronterizos de la lengua española

El Norte de Castilla, 8 de diciembre de 2010

La lengua es mucho más que un factor de identidad cultural. Representa un vehículo esencial de comunicación que trasciende al individuo y a las sociedades para convertirse en un elemento sustantivo del patrimonio que acredita y valoriza a un territorio. Cuando la frontera política se diluye para convertirse en un ámbito de permeabilidades múltiples y en todas las direcciones, es obvio que la lengua hablada a uno y otro lado acusa los efectos de la contigüidad física, modificando sustancialmente el alcance de las manifestaciones con que se acusaban tradicionalmente. El significado de este encuentro admite valoraciones desde múltiples perspectivas, pues diversas son, en efecto, las implicaciones que presenta. Y entre ellas no es irrelevante la que concierne a la interpretación de los efectos percibidos desde el punto de vista socio-territorial en aquellos escenarios donde más expresivamente se acusa un fenómeno de enriquecimiento mutuo que a lo largo del tiempo he tenido ocasión de comprobar in situ, es decir, en los ámbitos de intercambio idiomático construidos entre la lengua española y la lengua portuguesa y en función de los cuales se ha configurado un nuevo tipo de espacio.

Tanto en la frontera que separa Brasil de Uruguay como en la que marca la delimitación histórica entre España y Portugal el tiempo se ha encargado de fraguar vínculos de toda índole, que inevitablemente han repercutido en la formación de una trama lingüística sin la cual serían difícilmente comprensibles. Hace años tuve la oportunidad de conocer de cerca cómo se planteaban estas relaciones en las ciudades uruguayas de Rivera y Tacuarembó. No eran entonces, a finales de los noventa, relaciones simétricas. La preeminencia del portugués era sensible, por más que con frecuencia los términos utilizados por unos y otros se identificasen con ese dialecto característico de las áreas de borde conocido como el “portuñol”. Conviene destacar que en esa urdimbre de relaciones constantes, intensificadas por la pluralidad de circunstancias, de encuentros y desencuentros que confluyen entre los pueblos latinoamericanos, las palabras surgían y evolucionaban en un contexto de plena libertad, ajenas a los cánones convencionales que orientan el funcionamiento normalizado de una lengua. De la mixtura de ambas emanaba esa capacidad para el entendimiento común, que llevaba a descifrar con facilidad el sentido de las transacciones realizadas, hasta el punto de que en ocasiones no resultaba fácil deslindar los umbrales de frecuencia que una y otra lengua presentaban en la conversaciones cotidianas, aunque la complejidad cobraba aún más cuando de operaciones comerciales se trataba.

Sin embargo, las conexiones mantenidas entre España y Portugal a lo largo y ancho de las tierras de frontera han diferido tradicionalmente del esquema asimétrico observado en el Cono Sur. Son numerosos los testimonios directos, avalados por el copioso bagaje científico de que se dispone a propósito de la cooperación transfronteriza, que abundan en la idea de que la difusión de la lengua española ha supuesto un factor de unificación cultural y socio-económica, sin duda motivado por la disposición de los portugueses a utilizarla como un recurso valorizado en franca contraposición con el desinterés mostrado por los españoles hacia la lengua de Pessoa. Tampoco ha surgido, a diferencia del caso anterior, un dialecto basado en la mixtura aleatoria de lenguajes diferentes. Los límites idiomáticos han estado mucho más marcados, salvo la excepción singular de Galicia por razones que huelga comentar. Cuando en la última década del siglo pasado, acometimos el estudio encaminado a fortalecer la cooperación interempresarial en la llamada Región Fluvial del Duero, la asimetría era patente, hasta el punto de que las salas de reunión de la Fundación Rei Afonso Henriques, en Zamora, se convirtieron en testigos fidedignos de ese modo desigual de entender la palabra del otro mediante el aprendizaje correspondiente.

Cambios importantes han sucedido desde entonces y es muy probable que sus manifestaciones actuales, proclives a un nuevo entendimiento de los equilibrios lingüisticos transfronterizos, perduren quizá irreversiblemente. De ello pude percatarme tras la visita efectuada a mediados de este año a Uruguay y asimismo con motivo de las averiguaciones llevadas a cabo en los órganos directivos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro. En ambos casos la tendencia parece cada vez más clara y decidida a la consideración mutua y a la búsqueda de las sinergias que derivan de la complementariedad. Sabidos son los esfuerzos de Brasil por fomentar el uso de la lengua española, a lo que contribuye sin duda el convencimiento del margen de posibilidades que ellos permite tanto desde la perspectiva de su posición en Mercosur como en la dimensión geopolítica y económica que España reviste para Brasil. Y del mismo modo tampoco parecen desdeñables los esfuerzos realizados por los españoles para conocer y entender el aspecto más sustantivo de la personalidad portuguesa que es precisamente su forma de expresión lingüística. Aunque se trata de un proceso de asimilación de las interdependencias culturales que habrá que analizar con cuidado, no cabe duda de que en esos ámbitos de identidad espacial identificados con las fronteras la lengua española, en sus relaciones con la portuguesa, se ha convertido en un factor de articulación de estrategias, de suerte que, lejos de ser un objeto de conflicto, se ha convertido en un elemento de valorización de las posibilidades territoriales compartidas.

En torno a la "macrorregión" del Noroeste ibérico

El Norte de Castilla, 17 de septiembre de 2010

“La unión hace la fuerza”. Así reza el lema del país de los belgas y así lo reitera la experiencia archiconocida de que el esfuerzo compartido permite alcanzar objetivos que aisladamente serían no sólo más dificultosos sino también de menor consistencia y viabilidad. Aplicada esta premisa al desarrollo territorial de la Unión Europea, su plasmación efectiva goza de una dilatada trayectoria que hunde sus raíces en la propia concepción del espacio europeo como una realidad geográficamente compleja, necesariamente abocada a la integración económica por razones que la historia y la experiencia se han encargado suficientemente de respaldar.

Si es evidente que la construcción europea no puede entenderse al margen de la voluntad demostrada por parte de los Estados a favor de eliminar las barreras fronterizas históricas y establecer espacios de encuentro y de compromiso que no han dejado de afianzarse, no menor importancia conviene asignar a los vínculos que se establecen entre los niveles subestatales del sistema administrativo, es decir, entre las regiones y entre los municipios.

De hecho las actuaciones en este sentido se remontan a momentos anteriores a la puesta en marcha de la política regional comunitaria en 1975, posteriormente identificada bajo el principio de la “cohesión económica y social” sobre la base de la convergencia entre las regiones que integran la Unión. Sorprende observar cómo desde comienzos de los años setenta empiezan a ponerse en práctica iniciativas de cooperación transnacional que comúnmente vienen motivadas por la necesidad de acometer actuaciones conjuntas sobre aspectos sensibles (áreas de montaña, aprovechamiento integral de los ríos, gestión forestal…) que conciernen a las partes implicadas con independencia de la discontinuidad forzada por la frontera.

Defiendo el argumento de que, en gran medida, Europa se ha construido desde las regiones fronterizas. Más que una ruptura, la frontera ha operado como un factor proclive al reforzamiento de la proximidad, al entender que los problemas se resuelven mejor cuando las soluciones se comparten. Sólo así se justifica el formidable apogeo adquirido por las llamadas Eurorregiones, que expresan de manera específica el valor reconocido a los espacios transfronterizos como áreas aglutinantes. En un panorama constituido por más de setenta iniciativas, el panorama es, empero, muy desigual y arroja un balance contradictorio, en el que coexisten experiencias exitosas con otras meramente testimoniales e incluso fallidas.

La Comunidad de Castilla y León se caracteriza por una trayectoria muy activa, aunque no exenta de altibajos, en el marco de la cooperación transfronteriza con las regiones limítrofes portuguesas. Ha sido beneficiaria de fondos europeos en cantidades estimables, que poco a poco han ido favoreciendo una aproximación entre los territorios a ambos lados de la “raya” y permitido un conocimiento de los valores en común del que tradicionalmente se carecía. Pero nunca ha configurado con ellas una Eurorregión. Los instrumentos utilizados han sido más modestos (Comunidad de Trabajo, Consorcios, Asociaciones), de modo que su eficacia se ha visto mediatizada por la discontinuidad en las relaciones, que no siempre han respondido al margen de posibilidades a que hubiera dado lugar una línea de actuación estratégicamente mejor definida y organizada en el tiempo.

Las modificaciones introducidas en la Política de Cohesión de la Unión Europea a partir del periodo 2007-2013 inducen a un fortalecimiento de la cultura de la cooperación territorial. Esta noción aparece definida como un Objetivo específico, es decir, como uno de los pilares esenciales de la estructuración del espacio europeo, sólo entendible desde la perspectiva de la cooperación planteada en sus tres dimensiones: la transfronteriza, la transnacional y la basada en la creación de redes regionales y urbanas, con un fuerte protagonismo descentralizado. Todo un reto, en suma, para las autoridades existentes a estos niveles, obligadas a asumir hasta qué punto la asignación de los fondos europeos ha de estar encauzada en función del grado de asimilación y aplicación de las pautas inherentes a la cooperación con territorios e instituciones ubicados en otros países del espacio comunitario europeo.

La decisión de integrar a Castilla y León en una gran región constituida al tiempo por Galicia y Norte de Portugal guarda coherencia con un enfoque del desarrollo regional vertebrado en torno a las posibilidades del espacio atlántico y a la necesidad de robustecer los vínculos allende la frontera. Me resisto a utilizar la palabra Macrorregión para definir esta estructura de cooperación a media escala, ya que el concepto aparece aún impreciso en la terminología europea o, en todo caso, se utiliza para identificar cooperación entre Estados. Pero seguramente el término es lo de menos, pues de lo que se trata es de avanzar con paso firme en una dirección inexorable. Y a nadie se le oculta que implica desafíos nada desdeñables. Y fundamentalmente uno: la historia de la cooperación entre Galicia y Norte de Portugal es tan dilatada como firme. Partícipes de una Eurorregión dotada de organismos de funcionamiento y gestión muy arraigados y de una Comunidad de Trabajo creada en 1991 y con resultados más que apreciables, constituyeron en febrero de 2008 la primera Agrupación Europea de Cooperación Territorial creada en España, figura importantísima en la que no puedo detenerme y en la que estoy investigando. En suma, nuestra Comunidad se incorpora a un espacio de interrelaciones, sinergias y compromisos ya consolidado. Sin duda tiene mucho que aportar y de lo que beneficiarse. Pero no cabe duda de que la iniciativa debe estar sustentada en una firme voluntad política, inmune al desaliento, a sabiendas de que los procesos no son tan automáticos como parece ni los resultados están garantizados de antemano.

¿ Hacia una Universidad global?

El Norte de Castilla, 21 de Junio de 2010

La noción misma de Universidad es consustancial a la defensa del principio de universalidad selectiva que debe inspirar sus objetivos y las líneas estratégicas en las que se basan. No cabe entender el alcance de sus aportaciones sin valorar la proyección a gran escala conseguida en un contexto de interdependencias, debates y complementariedades que se renuevan sin cesar y que difícilmente pueden limitar sus horizontes en un mundo en el que el avance del conocimiento y sus metodologías están en permanente transformación. No hay institución tan propensa a la crítica – interna y externa - y a los instrumentos de evaluación cualitativa como la Universidad. Y, aunque bien es cierto que el propio sistema, como sucede en todas las organizaciones, adolece de carencias significativas, de defectos evidentes en el ejercicio de sus responsabilidades o de inercias que se resisten a desaparecer difícilmente se puede admitir la idea de que la Universidad está en una crisis letal – de “situación calamitosa”, la calificó no hace mucho Ignacio Sotelo; en “descomposición”, a juicio del filósofo José Luis Pardo - que no logrará superar por más que se intenten readaptaciones de su organigrama formativo con la pretensión, defendida como un axioma, de racionalizar la transmisión de los saberes y hacerlos más eficientes en un mundo dominado por la lógica imperante de la competitividad.

Es evidente que las posibilidades de recuperación universitaria sólo pueden contemplarse con visos favorables si se logra una plena implicación del profesorado, si las directrices aplicadas se fundamentan en actuaciones empeñadas en valorizar todas las capacidades disponibles y si la financiación que la ha de respaldar asume el compromiso de lo que significa disponer de una estructura universitaria prestigiosa a todas las escalas e integradora de los saberes que en ella comparten espacios y estrategias, donde se imbriquen bien la tradición heredada y las nuevas líneas que derivan de la innovación científica y tecnológica. En cualquier caso, evitando que la nueva singladura pueda incurrir en los riesgos que algunos colegas, haciendo uso de ese espíritu crítico inherente a la actividad universitaria y que tanto necesita, advierten de que pudiera traducirse en un empobrecimiento cultural y en la degradación del conocimiento en mercancía.

A sabiendas, pues, de que la Universidad siempre se encontrará sumida en un panorama de problemas irresueltos, de contradicciones flagrantes y de perspectivas abiertas a desafíos permanentes, la cuestión estriba en lograr definir con claridad y con el nivel de autoexigencia necesario el marco de relaciones en el que estas tendencias pueden ser afrontadas en sus riesgos más patentes y acreditadas en los aspectos que mejor pudieran fortalecer sus propias potencialidades y sus ventajas comparativas más reconocibles.

Sorprende comprobar hasta qué punto la configuración de ese escenario de vínculos potenciales pudiera aparecer ligado a la asombrosa capacidad de convocatoria desplegada por la entidad financiera (Banco de Santander) que con el liderazgo de su presidente ha conseguido lo que ningún grupo de Universidades y, menos aún, de Gobiernos han sido capaces de llevar a cabo. De haberlo intentado unas y otros, la iniciativa no hubiera pasado seguramente de los buenos propósitos. Y es que no es fácil organizar un macroencuentro con tales pretensiones, como el celebrado recientemente por el grupo UNIVERSIA en la ciudad mexicana de Guadalajara. ¿Símbolo de los tiempos? ¿Reflejo palmario de lo mucho que representa el poder económico a la hora de movilizar voluntades cualificadas dispersas? ¿Afán decidido de vertebrar en una red de perfiles casi ilimitados los recursos que en mayor medida pueden contribuir a analizar y resolver los problemas de nuestra época, tan harta de incertidumbres? Puede que todo confluya en esa urdimbre de conexiones que se trata de fraguar, amparado en fines tan encomiables como el intercambio, la movilidad, el conocimiento mutuo, el saber compartido. Es encomiable pensar que, al calor de la proximidad así creada, puedan surgir ideas que favorezcan la búsqueda de puntos de encuentro o la fijación más o menos formalizada de compromisos en un futuro que difícilmente se podrían precisar si no es con la calma y la sabiduría que estas decisiones requieren.

Con todo, las posibilidades de crear una magna comunidad iberoamericana de Universidades han de ser contempladas, en mi opinión, con cautela. A priori un panorama tan complejo y contrastado invita a valorar ese deseo de internacionalización con la mirada puesta en las particularidades de una realidad universitaria que, en no pocos de sus elementos, dista mucho de ajustarse a los niveles de solvencia y credibilidad que se precisan para que los flujos de relación puedan ser recíprocamente satisfactorios y pertinentes.

Partiendo del diagnóstico que cabe hacer del actual panorama universitario implicado en esa estrategia, no cabe duda de las dificultades de unas relaciones que han de conllevar resultados acordes con los umbrales de exigencia y excelencia en que hoy se inscribe el ejercicio de tareas necesitadas de un entorno suficientemente dotado de antemano para que lo que se haga cumpla con los requerimientos inherentes a una función cualitativamente reconocida de manera inequívoca. En suma, hablar de un “Bolonia transatlántico”, que a la postre habrá de traducirse en “un espacio común para la movilidad de profesores y alumnos” me parece una idea feliz, convencido, empero, de que las ideas afortunadas muchas veces tropiezan con los escollos insoslayables de la realidad. De su superación, nada fácil por cierto, depende lógicamente el éxito de tan ambiciosa iniciativa.

Argentina en su bicentenario: controversias y unanimidades

El Norte de Castilla, 27 de mayo de 2010

La República Argentina conmemora su bicentenario en un ambiente que resulta sorprendente. Como era previsible, las librerías rebosan de publicaciones que recuerdan los acontecimientos del 25 de mayo de 1810. Coexisten en las estanterías el oportunismo con el rigor, la superficialidad con la aparición de aportaciones novedosas; es decir, un caudal ingente de obras que tratan de desentrañar los entresijos de la historia de un país, que, como dijo Tomás Eloy Martínez, encuentra precisamente en esa faceta del saber una herramienta necesaria para liberarse de sus propias obsesiones.

Da la impresión de que cuando se cumplen los dos siglos de existencia la sociedad argentina se siente necesitada de aprovechar la oportunidad que le brinda la efeméride para hacer balance de lo sucedido y tratar de explicar por qué y cómo se ha llegado a una situación crítica, con cuyos perfiles lacerantes casi todos están de acuerdo. Las preguntas afloran por doquier: ¿cuándo comenzó a perder Argentina su peso en el mundo?, ¿cuáles fueron los motivos de su declive, que pocos pudieron prever en los años del primer centenario de la independencia?, ¿seremos los argentinos – se preguntaba recientemente un conocido columnista en el diario Clarín – capaces de tener alguna vez un proyecto cohesionado de país?, sin olvidar aquella reflexión descarnada que en cierta ocasión me hizo un viejo colega de Mar del Plata... “¿por qué y cómo nos hemos latinoamericanizado? “

Sin embargo, cuando se formulan estas preguntas las respuestas difieren sensiblemente. Los puntos de vista discrepan a la hora de asignar responsabilidades a uno u otro momento de la historia argentina. Son tan numerosos los episodios de crisis y perturbación vividos a lo largo de estos dos siglos que las opiniones interpretativas se abren a un panorama de causas, efectos y responsabilidades que satisfacen todas las perspectivas ideológicas, acomodadas a los intereses y autojustificaciones de cada cual. Disparidad que no impide una actitud generalizada de desazón, que tiende a identificarse con la sensación de fracaso histórico indisolublemente asociado al descrédito de la política y de quienes la protagonizan.

De todos modos, el debate principal ha dejado de plantearse hace tiempo en función de una búsqueda remota en el pasado de los motivos explicativos de la opinión pesimista que hoy prevalece en amplios sectores la sociedad argentina para centrar fundamentalmente la atención en circunstancias históricas más cercanas. Circunstancias en cuyo rescate no es irrelevante la postura manifestada por un núcleo muy activo de la intelectualidad, que encuentra en la tragedia vivida por el país en los años setenta y en la evolución política posterior, ya con la democracia recobrada, los fundamentos de una fractura histórica, con implicaciones económicas y sociales cuya gravedad no ha cesado de aumentar.

La tragedia provocada por la dictadura militar en el periodo 1976-1983 aparece asumida como la demostración fehaciente de la incapacidad para reorientar la política del país tras el definitivo hundimiento de la experiencia peronista. En una sociedad culta, desarrollada y activa como era la argentina la brutalidad del régimen militar provocó una desestabilización drástica en las pautas culturales y de comportamiento que sólo pudieron ser contrarrestadas mediante el exilio y la esperanza de recuperar unas capacidades que se creían estructurales y a prueba de cualquier trauma político.

Pero no fue así. Ese régimen, basado en la corrupción y el crimen, introdujo medidas de ajuste que rápidamente dieron al traste con el modelo de Estado de Bienestar fraguado en Argentina en los años cuarenta del siglo XX. La bibliografía lo refleja bien y demuestra hasta qué punto las tensiones vividas habían podido ser mitigadas hasta entonces en el contexto de un país cuya inserción en la economía mundial se mostraba vigorosa. Con una visión más populista que de política basada en la integración social, los logros alcanzados por el peronismo en la atención de los desfavorecidos lo situaron en una posición singular dentro del continente, que daría origen para siempre a la formación de referencias sustantivas en el imaginario argentino. El rostro de Eva Duarte sigue presente en la cartelería que adorna las calles de Buenos Aires, sus mensajes aparecen grabados en las paredes y su nombre suscita un respeto que llama la atención.

Todo parece indicar que la sociedad se ratifica en el mantenimiento de una simbología destinada a neutralizar la sensación de fracaso que emana del hecho comprobado de que entre 1976 y 2002 tanto el régimen militar como los que le sucedieron, bien bajo la égida del justicialismo (personificado en la enajenación masiva de lo público llevada a cabo por Menem) o de la Unión Cívica Radical (un partido cuyos presidentes jamás terminaron sus mandatos), ocasionaron, como recientemente ha señalado Susana Torrado, de la Universidad de Buenos Aires, “el mayor retroceso social de la historia del país”. Más allá de los beneficios que depara su proyección comercial especializada en productos agrarios, los indicadores de bienestar social arrojan un panorama alarmante: desempleo, tendencia a la informalización masiva del trabajo, pobreza en progresión creciente, debilitamiento de la clase media, deterioro de la ética y del espacio público. Un balance que se agrava ante la pérdida de confianza en la clase política y que, con la mirada puesta en el futuro, sólo puede ser contrarrestado no en función de la nostalgia que evoca la independencia conseguida hace dos siglos sino de esa voluntad, de la que Marcos Aguinis se hace eco, de hacer de Argentina un país “donde se prefiera el diálogo a la confrontación, la armonía a la prepotencia, la ley a la trasgresión, el respeto a la ofensa”. Nadie duda que tales objetivos están repletos de dificultades.